miércoles, 28 de marzo de 2012

Declaración del 24 de marzo

Compartimos la declaración que se leyó en la marcha del 24. Felicitaciones a los camaradas, amigas y amigos que conformaron una cuantiosa columna del Partido. A prepararnos para movilizar mucho más el próximo 1° de mayo.


DECLARACIÓN A 36 AÑOS DEL ÚLTIMO GOLPE CÍVICO-MILITAR

Compañeros y compañeras: estamos nuevamente acá, en esta Plaza, otro 24 de marzo más, para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Hoy, en todas las plazas del país, este pueblo salió, como cada año, a defender la democracia, a repudiar aquel nefasto 24 de marzo de 1976, cuando la Junta Militar comandada por los genocidas Jorge Rafael Videla, Eduardo Massera y Orlando Agosti tomó el poder.
36 años atrás, desde la Casa que está aquí atrás, se orquestaba el terror: comenzaba el último golpe cívico-militar. Pero la historia de represiones y resistencias comenzó mucho antes. El terror de Estado se aplicó en nuestra patria durante mucho tiempo: así sucedió con nuestros hermanos de los pueblos originarios, con los bombardeos de 1955 y también  mucho antes del Golpe de 1976, cuando empezaron a operar las organizaciones paramilitares como la Triple A.
Con los genocidas en el poder se implementó un plan económico, político, social y cultural contra el pueblo. Apoyando e instigando este golpe de Estado estuvieron los  grandes grupos económicos, y no sólo pidiendo a gritos el terrorismo de Estado, sino también en muchos casos prestando sus instalaciones, su logística y sus vehículos para el exterminio, y entregando listas de trabajadores que militaban. Ya desde antes del Cordobazo buscaron aniquilar a los obreros organizados, a esos que se rebelaban contra los maltratos, la explotación, defendían los derechos de los trabajadores, se sindicalizaban.
La economía de la dictadura fue el plan político del genocidio. Se ideó un proyecto para colocar toda la economía al servicio de las multinacionales, la Sociedad Rural Argentina, y otros grupos, destruyendo la industria nacional. Se masacró a una generación que estaba organizada para resistir ante el avance de los intereses financieros multinacionales en el Continente.
El terrorismo de Estado, cometido en casi todos los países de Latinoamérica, llegó para allanar el territorio al neoliberalismo. Los genocidas instalaron un modelo de hambre y exclusión que dañó a todo el pueblo. No cometieron sus crímenes solamente dentro de los centros clandestinos. Cometieron también crímenes económicos, de los que todo el pueblo fue víctima, y cuyas consecuencias seguimos padeciendo.
La dictadura nos dejó una deuda externa que nos condenó a la dependencia durante décadas. Los empresarios se llenaron los bolsillos y vaciaron los del pueblo, de la mano del FMI y los organismos internacionales de crédito.
Por eso es que hoy volvemos a decir bien fuerte: ¡LOS GRUPOS ECONÓMICOS TAMBIÉN FUERON LA DICTADURA! ¡EXIGIMOS JUICIO Y CASTIGO YA! Porque fueron parte de los que instigaron, financiaron y se beneficiaron con el golpe de Estado de Videla. Se enriquecieron con la dictadura y fueron partícipes: sin ellos el genocidio no hubiera sido posible.
Eran las empresas al servicio del capital y la exclusión, en contra del pueblo. Eran Ford, Mercedes Benz, Acíndar, Clarín, La Nación, Loma Negra, La Veloz del Norte, Astarsa, Fiat, Tensa, Techint, Dálmine Siderca, Pérez Companc, Celulosa Argentina, Macri, Techint, Bridas, Alpargatas, Papel Prensa, Banco de Italia, City Bank, Lozadur, First National Bank, Chase Manhattan Bank, Bank Boston y La Cantábrica, entre otras.
Muchas de esas empresas cambiaron de dueños, otras no. Muchas dejaron de existir, otras no. Y muchas siguen perpetuando lógicas patronales en contra de los trabajadores. Clarín sigue hoy sin permitir la sindicalización: ¿desde qué lugar sale después a hablar de democracia?
Durante todos estos años luchamos contra la impunidad. Supimos lo que significaba morder el polvo, pero nunca nos detuvimos. Siempre mantuvimos viva la esperanza. Y fue desde esa misma Casa que antes señalamos que hace 9 años se tomó la decisión histórica de terminar con la impunidad. Fue el presidente Néstor Kirchner quien primero pidió perdón en nombre del Estado y luego sostuvo una política para que el Poder Judicial haga realidad el reclamo histórico del pueblo por Memoria, Verdad y Justicia. 
Hoy, la mano ejecutora del Terrorismo de Estado está siendo juzgada. Hay 875 genocidas procesados para ser juzgados y 273 integrantes de las Fuerzas de Seguridad fueron condenados, pero sólo 43 de esos fallos están firmes. Faltan genocidas en los juicios, porque mil personas solas no pudieron instalar un régimen terrorista de Estado, donde funcionaron más de 300 centros clandestinos de detención donde desaparecieron a 30 mil personas. Por eso, todavía falta. Falta también avanzar hacia el juicio a los civiles, que fueron parte del plan sistemático de exterminio, ese plan que utilizó la desaparición forzada como método para implantar el terror e imponer el silencio y el miedo, que intentó destruir la política como herramienta de cambio, compromiso y lucha.
Junto a las Fuerzas Armadas estaba el poder de la cúpula de la Iglesia Católica, de empresas y empresarios, de medios de comunicación y periodistas, de entidades patronales y del Poder Judicial, entre otros.
Los medios de prensa hicieron propaganda de los mismos crímenes que cometían. El Grupo Clarín, de Ernestina Herrera de Noble, y La Nación, de la familia Mitre, adquirieron de manera siniestra la empresa Papel Prensa. Ahí se vio cómo operaban: como grupo de tareas intelectual y operacional.
Secuestraron, violaron y torturaron a Lidia Pappaleo para tener las acciones de esa empresa. Pero se acabó el tiempo de la mentira: la causa judicial por Papel Prensa avanza en la justicia y la sociedad ya no deja ninguna grieta para que los ideólogos del terrorismo de Estado hagan operaciones políticas.
En el terrorismo de Estado, a Clarín y La Nación se sumaron La Nueva Provincia de los Massot, y los periodistas que apoyaron a las Fuerzas Armadas como Gelblung, Grondona, Neustadt y Morales Solá. Eran la voz única del poder, toda disidencia era silenciada, perseguida e incluso aniquilada.
Así como a la iglesia genocida se le opusieron los religiosos comprometidos con el pueblo, en la prensa también hubo resistencia y lucha. Ahí estaba el compañero Rodolfo Walsh, con la Agencia de Noticias Clandestinas, ANCLA. Hoy se cumplen 35 años de la Carta Abierta que publicó para denunciar los crímenes de la dictadura. Al día siguiente fue asesinado en el operativo en San Juan y Entre Ríos. Es histórica su denuncia y es impecable su análisis del Golpe, a un solo año de haberse instalado. Desde la clandestinidad obligada, Rodolfo escribió sobre la dictadura cívico-militar: “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.
Son los mismos. Y siguen persiguiendo los mismos intereses, en desmedro del pueblo, siempre a favor del capital, la propiedad privada y los intereses de las multinacionales. Muchos, incluso, son los mismos jueces que fueron nombrados en la dictadura y son los que hoy traban las causas. Así sucedió con Bisordi, en la Cámara de Casación, hoy abogado del represor Patti, o con Romano en la Cámara de Mendoza, que se profugó a Chile y estamos reclamando su extradición. Muchos de ellos son los mismos jueces que hoy criminalizan la protesta y la pobreza, que ordenan reprimir las movilizaciones populares. Los que se resisten a democratizar el Poder Judicial para no perder sus privilegios de poder.
Las entidades patronales como la Sociedad Rural históricamente han impulsado Golpes de Estado para defender sus privilegios de clase, y aún hoy se siguen oponiendo a una redistribución justa de la riqueza.
Para profundizar el Juicio y Castigo también es fundamental la desclasificación de todos los archivos de la dictadura. Y somos categóricos: deben abrirse todos los archivos, de todas las fuerzas militares y de seguridad, nacionales y  provinciales y los de la SIDE. Porque en esos documentos están las pruebas que nos faltan, los nombres de los represores y de los cómplices civiles del genocidio. Por eso le pedimos al Estado que desclasifique YA todos los archivos, porque el pueblo tiene derecho a tener justicia y a saber la verdad.
Como familiares de desaparecidos necesitamos saber la verdad. Es urgente. No podemos seguir esperando, mientras la verdad es retenida. Necesitamos saber dónde está el cuerpo de cada uno de los desaparecidos. No podemos seguir sin tener un lugar donde llorarlos, sabiendo que sus restos fueron recuperados. Necesitamos saber qué les hicieron, quiénes son los culpables y que todos ellos respondan ante la justicia.
Pedimos toda la verdad, como madres, padres, hijos, abuelas, familiares, hermanos, esposas, esposos. Lo pedimos como pueblo: los desaparecidos nos faltan a todos.
Queremos agradecer mucho al EAAF, Equipo Argentino de Antropología Forense, porque gracias a su trabajo y compromiso hemos podido identificar los restos de muchos compañeros: ya son 515 las familias que pudieron recuperar a sus seres amados.
En poco tiempo terminará el juicio por el plan sistemático de robo de bebés, nuestros nietos, que hoy son jóvenes de entre 31 y 37 años. Puede ser alguno de ustedes, o un amigo, un compañero de trabajo, o alguien que conozcan.
Son muchos jóvenes los que necesitan recuperar su identidad. Queremos compartir algo con ustedes, que no es sólo un número, porque detrás de la cifra hay una familia, hay vida. ¡Ya hemos encontrado 105 nietos, que han recuperado su verdadera identidad! 
Pero también queremos decirles que  alrededor de 400 jóvenes siguen secuestrados, viviendo vidas impuestas. Y acá estamos sus familias, buscándolos, esperándolos para contarles sus historias, para recibirlos y darles amor, para que puedan ser libres, sabiendo la verdad. Acá estamos las abuelas para abrazarlos, para compartir la vida, el futuro. Queremos conocerlos, cuidarlos, mimarlos. No queremos que la mentira nos robe más tiempo con nuestros nietos. Los necesitamos con nosotras, como debería haber sido desde un principio. 
Una vez más, les decimos a los apropiadores de nuestros nietos y a los demás genocidas que están siendo juzgados que todo el pueblo espera que digan dónde están esos jóvenes que buscamos toda la vida. Son una generación obligada a la mentira, todos sentimos la necesidad de que recuperen su libertad. ¡Hablen, digan dónde están, déjenlos ser libres y felices!
Los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos tenían la edad de muchos de ustedes. Tomaron decisiones en un momento histórico en el que la militancia era condenada por el gobierno de turno: la dictadura. Hoy la militancia es posible con libertad. Hay un proyecto de país que la contiene y sentimos un profundo orgullo porque cada vez más jóvenes deciden involucrarse. Ahora se puede. Ese es el temor de los poderosos de siempre: la juventud que defiende sus ideas. Son los mismos que en la década del ´70 persiguieron y fueron parte del aniquilamiento de los militantes.
Hoy quieren volver con esas ideas desde discursos demonizadores de los jóvenes que militan. En todos ustedes podemos ver a los 30.000 compañeros, así que ¡adelante!, sigan con los proyectos, si se molestan los poderosos quiere decir que vamos por el buen camino y que hay que profundizarlo!
Recientemente, Clarín y La Nación criticaron la militancia de los jóvenes y puntualmente la de muchos hijos de desaparecidos. Lo hicieron los mismos medios cuyos empresarios fueron parte del plan sistemático de exterminio que dañó a un país entero y que masacró a una generación. Ambos medios son plataformas permanentes de ataques a los Organismos de Derechos Humanos.
Hay determinados sectores que permanentemente critican a la juventud y estigmatizan la militancia. La política ha vuelto a ser la herramienta para transformar la realidad, y una gran cantidad de jóvenes se han volcado a la militancia. La participación política es garantía de calidad democrática y la única posibilidad de construir nuestra voz como sociedad, en lugar del discurso único de las empresas periodísticas que hablan desde sus intereses y necesidades. 
A lo largo y ancho del país se están desarrollando juicios con todas las garantías que brinda la ley, aquellas que les negaron a los compañeros. Hay 11 juicios en curso y  comenzarán más este año. Todos son orales y públicos, cada uno de nosotros puede participar de este momento histórico y escuchar a los testigos, sobrevivientes y también a los represores. Ya son 273 los genocidas condenados, pero no hay ni un empresario entre ellos. Necesitamos que la Justicia avance más. Porque muchas de las condenas no están firmes y el juicio y castigo efectivo no es posible sin la confirmación de las sentencias de la Cámara de Casación. Por las calles caminan genocidas condenados, que están excarcelados hasta confirmarse el fallo. Son asesinos que andan sueltos por el letargo de la justicia. La justicia debe tener todos los recursos a disposición para que no se demoren los juicios por falta de sala, o conformación de tribunal.
Somos categóricos en esto: los juicios a los genocidas deben desarrollarse en espacios preparados para eso, nunca en los ex centros clandestinos. No vamos a permitir ningún intento de re-victimizar a los compañeros sobrevivientes. Rechazamos de plano esa posibilidad.
Este año comenzará otro juicio histórico: a 40 años de la Masacre de Trelew, serán juzgados los fusiladores de 19 militantes. A principios de mayo viviremos en Chubut ese juicio por el que lucharon los compañeros detenidos-desaparecidos. Se les termina la impunidad a los asesinos y ahí estaremos, acompañado el juicio, apoyando a los testigos y abogados.
Ya pasaron cinco años y seguimos sin saber dónde está el compañero Jorge Julio López. Exigimos saber la verdad y que los responsables sean juzgados, así como también exigimos el esclarecimiento del asesinato de Silvia Suppo en Santa Fe. Necesitamos la verdad para seguir avanzando en el camino de Memoria, Verdad y Justicia.
Este año se cumplirán 10 años del asesinato de Maxi Kosteki y Darío Santillán, quienes eran militantes, como Mariano Ferreyra, asesinado en 2010.
En algún tiempo debería comenzar el juicio a la patota criminal de Pedraza y al grupo de policías que participaron en el asesinato de Mariano. Ningún crimen debe quedar impune. Acompañamos a la familia Ferreyra en la lucha por Juicio y  Castigo.
La impunidad sólo genera impunidad. Lo demuestra cada hecho de violencia institucional. El aparato represivo de la dictadura debe ser desmantelado material e ideológicamente. Las comisarías no pueden seguir siendo lugares de tortura y muerte, el gatillo fácil debe ser erradicado y la justicia debe condenar a quienes cometen violaciones a los derechos humanos.
En enero se cumplieron tres años de la desaparición forzada de Luciano Arruga. ¿Qué más falta para que la justicia avance, juzgue y condene a los culpables? Muchos de ellos están identificados y siguen en actividad en la Policía de la provincia de Buenos Aires. Cuando la justicia no cumple su tarea y da ejemplo, garantiza la impunidad para que se sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos.
Las prácticas criminales que persisten en las fuerzas de seguridad deben ser erradicadas para que nadie más sea víctima de la criminalización de la pobreza o la protesta.
Como sociedad tenemos otro tema que requiere verdad y justicia: la trata de personas, una nueva forma de desaparición forzada, práctica criminal que debe ser erradicada de inmediato. Mujeres, hombres, niñas y niños son privados de su libertad y sometidos a la explotación sexual y esclavitud.
Volvemos a decir: ¡basta de trata! Sin participación de miembros del poder judicial y político, de las fuerzas de seguridad y de los civiles que consumen o forman bandas de trata, este delito no sería posible.
En Tucumán se desarrolla el juicio histórico a 13 imputados por la desaparición forzada y trata de Marita Verón, víctima de la trata desde hace 10 años ¡Expresamos todo nuestro apoyo a Susana Trimarco en Tucumán y con ella a todas las familias que buscan a sus hijos e hijas víctimas de la trata! Es una causa colectiva, que debemos defender entre todos.         
Porque de eso depende el país que construyamos, el que dejemos para generaciones futuras. Estamos convencidos de que no hay otro futuro posible que el que podemos hacer luchando juntos. Y queremos que ese futuro sea una realidad, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por ustedes, por sus hijos, por sus nietos, por todos. 
Dijimos muchas veces que este proyecto de ciudad no es parte del proyecto de país que queremos profundizar. Les queremos pedir algo: que por un momento se den vuelta y miren hacia Avenida de Mayo.
Ahí, a su derecha, verán el edificio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde donde se gestiona un proyecto de exclusión, con patotas para ejecutar desalojos violentos, con una infraestructura montada para las escuchas ilegales, con una policía diseñada por el represor Jorge “Fino” Palacios, con un modelo de educación y salud para pocos.
Permanentemente, el gobierno de la ciudad recurre a políticas que son propias del terrorismo de Estado: grupos de tareas, listas negras, criminalización de la protesta y la pobreza. No queremos una ciudad cada vez más privatizada. Esta ciudad que habitamos necesita que defendamos todos juntos nuestros derechos y que luchemos por otro proyecto: el de una ciudad que incluya, que eduque, que garantice la salud; una ciudad para todos.
Como defensores de los derechos humanos, también queremos repudiar la sanción en 2007 y su modificación en 2011 de la llamada Ley Antiterrorista.
Desde 2003 a esta parte, nuestro país ha avanzado mucho en materia de promoción y defensa de los derechos humanos. Celebramos y estamos convencidos que una de las medidas más importantes de este proceso político ha sido ordenar la no represión de la protesta social.
Sabemos que todavía queda mucho por hacer, pero esta ley nos hace retroceder en ese camino.  Y no puede pasar desapercibida, ya que deja abierta la posibilidad a cualquier juez de actuar en detrimento de los luchadores populares, porque deja las puertas abiertas a la libre interpretación de los miembros del Poder Judicial para aplicarla. ¿Dónde está en la ley la definición sobre “terrorismo”? Nuestro país, como tantos otros, tiene la experiencia de siete años de genocidio, basado en la criminalización de las organizaciones de resistencia.
Esta ley tiene una gravedad importante para quienes consideramos que los Estados deben ser garantes de los derechos humanos de todos y todas. Queremos seguir dando ejemplo ante el mundo en materia de derechos humanos, pero medidas así nos alejan de ese camino. Por esto, exigimos la derogación de la Ley Antiterrorista.
Este año también se cumple un aniversario de otra fecha histórica: 30 años de la Guerra de Malvinas, planeada por los mismos genocidas que torturaron, secuestraron, violaron, robaron bebés y desaparecieron compañeros en los centros clandestinos. 
Hoy, acompañamos el reclamo por la soberanía de las Malvinas desde la certeza de que el camino que se está eligiendo es el diálogo, la paz y tiene el apoyo de Latinoamérica.
Queremos hacer un reconocimiento a todos aquellos pibes colimbas, que pusieron su cuerpo, y hasta dieron su vida por nuestra Patria. Queremos reconocer a esos colimbas, que fueron torturados, por sus superiores. Este 24 de marzo queremos acompañarlos. Y gritar bien fuerte todos juntos, ¡Las Malvinas son argentinas! Memoria, Verdad, Justicia y Soberanía!
Queremos reivindicar junto a ustedes la memoria de nuestros compañeros detenidos-desaparecidos, esos hombres y mujeres comprometidos con la lucha por una patria para todos, luchadores por una sociedad más justa, libre y soberana.
Todos tuvieron un sueño latinoamericano: la unión de los pueblos. A ese sueño se le respondió con el nefasto Plan Cóndor, un operativo conjunto de los Estados terroristas de Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Bolivia con la CIA.
Esa patria grande con la que soñaron los compañeros hoy se vislumbra en nuestra América Latina. Quién hubiera imaginado, compañeros y compañeras, que después de tanta lucha, tendríamos un gobierno nacional y popular en la Argentina con Cristina, y gobiernos hermanados en la lucha como el de Evo en Bolivia, Dilma en Brasil, Pepe en Uruguay, Lugo en Paraguay, Correa en Ecuador, o Hugo Chávez en Venezuela. Por eso gritamos bien fuerte: ¡Viva nuestros pueblos hermanos de Latinoamérica! ¡Viva!
Por esta patria grande también luchaban nuestros detenidos desaparecidos. Eran militantes de distintas organizaciones políticas, estudiantiles, gremiales, culturales, sindicales. Los unía el compromiso de luchar por cambiar lo que creían injusto. Y estaban convencidos de que eso se hacía entre todos, con ese héroe que sólo existe cuando es colectivo.
Mientras desde algunos sectores les decían “no te metás”, ellos y ellas se metieron: en la militancia, la política, las villas, las facultades, las fábricas, los sindicatos, los gremios, las escuelas, espacios religiosos, hospitales. Se comprometieron sin ninguna búsqueda personal, sino con un sueño colectivo: una patria para todos.
Hoy, como cada 24, somos muchos. Nosotros sentimos a cada una y cada uno de ustedes como compañeros, porque se trata de compartir, de soñar juntos esta patria. Los genocidas rompieron los lazos sociales, los quebraron para implantar el individualismo, política que se continuó en los sucesivos gobiernos post dictadura con el neoliberalismo. Pero no pudieron. Lo estamos cambiando y aquí estamos nuevamente, en este largo pero hermoso camino de la lucha, la transformación, el cambio de lo que consideramos injusto.
Llegamos hasta acá otro 24 de marzo más. Eso es porque este pueblo se compromete cada vez más con la democracia. Acá somos este gran nosotros de compañeros y compañeras. Somos la historia imparable de este pueblo que no dará ni un solo paso atrás, que no permitirá ningún atropello, que seguirá su camino con las banderas bien en alto para llevarlas a la victoria.

Acá estamos, para seguir construyendo todos juntos una Latinoamérica con más Memoria, Verdad y Justicia.

30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS ¡PRESENTES!
AHORA Y SIEMPRE
AHORA Y SIEMPRE
AHORA Y SIEMPRE

ABUELAS DE PLAZA DE MAYO

FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLÍTICAS

H.I.J.O.S. – HIJOS E HIJAS POR LA IDENTIDAD Y LA JUSTICIA CONTRA EL OLVIDO Y EL SILENCIO

MADRES DE PLAZA DE MAYO-LÍNEA FUNDADORA --
 
¡Nuestra venganza es la de ser felices! JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS

viernes, 23 de marzo de 2012

Este 24 la Fede, la Jota y el PC marchamos juntos

En el día de hoy le dimos la bienvenida a Camila Vallejo y Karol Cariola, camaradas de la Jota chilena quienes marcharan con nosotros este 24. Nos encontramos a las 17:30hs en Bernardo de Irigoyen y Moreno  por Juicio y Castigo a todos los responsables y beneficiarios económicos - Derogación de la ley antiterrorista - Fuera ingleses de Malvinas y yanquis de América Latina - Derogación de la Ley de Entidades Financieras de Videla/Martínez de Hoz. Por una Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social.

lunes, 19 de marzo de 2012

Por la Derogación de la Ley Antiterrorista


El 19 de marzo presentamos en el Congreso nuestro Proyecto por la Derogación de la Ley Antiterrorista

         PROYECTO DEL PARTIDO COMUNISTA PARA DEROGAR LA LEY “ANTITERRORISTA” 26.734

FUNDAMENTOS

          En el año 2007 el Congreso ha dictado la ley 26.268 “antiterrorista” engendrando la figura de “asociación ilícita terrorista” con altísimas puniciones, lo que hizo revistar en el art. 213 ter del Código Penal. La influencia del G.A.F.I. (Grupo de Acción Financiera Internacional) para imponer el ritmo y contenido de la actividad legisferante argentina ha sido suficientemente comentada en los órganos más representativos de la prensa, y por ello no insistiremos sobre los riesgos de abdicación de soberanía que ello representa.
          El PARTIDO COMUNISTA ha presentado un proyecto de ley para derogar esa norma (ver Nota caratulada D-209 y datada 26-11-2008). En aquél momento alertaba que los problemas a resolver en el país no eran el “terrorismo” sino la distribución de la riqueza, finiquitar la pobreza masiva, exclusión social y empleo en negro, mejorar salud y educación y recuperar las empresas antes enajenadas. También aludía a que el G.A.F.I. estaba hegemonizado por los Estados Unidos, cuya actividad precisamente “terrorista”  es ampliamente conocida (y muy especialmente la “doctrina Bush”): promover dictaduras en el mundo,  mantener el bloqueo a Cuba, atacar a Irak, pese a que antes había armado a Hussein para la guerra contra Irán (a imagen de como lo había hecho con Bin Laden para hostilizar a los soviéticos) ; estos dos dirigentes pasaron de “patriotas” a “terroristas” en cuanto fue ello conveniente. Invadió Afganistán, generando allí y en Irak cientos de miles de muertos inocentes. Y se niega a ratificar el Convenio de la Corte Penal Internacional (CPI) para conducir más cómodamente su plan agresor.

          Se recordaba también allí que el encomendarnos “combatir el financiamiento del terrorismo” exhibía una gruesa contradicción, cuando los Estados Unidos son el mayor vendedor de armas del mundo, y junto a Gran Bretaña, Francia y Países Bajos mantiene 80 paraísos fiscales en sus dominios. Que debiéramos inquietarnos en todo caso por la apetencia hacia el Acuífero Guaraní y las andanzas de la IV flota de los Estados Unidos en aguas anejas a nuestro territorio.

          No sería necesario reiterar hoy ese análisis que hacíamos en 2008 y que mantiene infortunada vigencia. Ahora pasaremos a la novedad legislativa ocurrida a finales de 2011, cuando el Congreso, con extrema autocrítica, deshizo todo aquél art  213 ter, el concepto de “asociación terrorista”, no dejando piedra sobre piedra de lo realizado 4 años antes, todo ello por nueva extorsión del G.A.F.I. con su influjo desenfadado. Así es que se arribó a la conclusión de que además de las asociaciones había que prever acciones  de “individuos” terroristas, y que los condicionamientos que lucían en esa cláusula 213 ter resultaban ahora “complicados”. Tan “derogante” de la ley 26.268 resultó la novísima norma, que prefirió evadirse ahora de la Parte Especial  del Código (donde revistan los delitos particulares) para pasar a introducir la novación en la Parte General, a fin de poder así impactar y agravar “todos” los delitos que existen hoy o se agreguen en el futuro al Código.

          La reciente ley 26.734 sencillamente incorpora un párrafo más al art. 41 del Código Penal, fijando que cuando “cualquier” persona cometiere “cualquier”  delito, si es que lo hizo con el afán de aterrorizar a la población o coaccionar a las autoridades, la pena se le aumentará “al doble”. Esta inflación punitiva del 100%, absolutamente inusual por lo inmenso en la técnica penal, añadido a la extraña forma de tipificar tan abiertamente la acción a reprimir, hacen pensar racionalmente que podrían quedar afectados y criminalizados los actos de protesta social, en medida abismalmente agravada en relación a las ya excesivas escalas actuales. Es sabido que el verbo “aterrorizar” es polisémico (admite diversas interpretaciones)  y que con él no es factible acuñar un tipo penal por los riesgos inherentes al llegar el momento de la intervención judicial en casos de imputaciones concretas.

          Si bien el proyecto original del Ejecutivo  excepcionaba  los casos de “ejercicio de un derecho constitucional”, lo que es decir que a estos supuestos no se aplicaría la normativa “antiterrorista”, los legisladores prefirieron añadirle “ejercicio de derechos humanos o sociales”,  agregado tan inútil como el que más lacónicamente traía la versión primigenia. Ya desde antiguo, el art. 34 del Código Penal tiene previsto que no será punible quien obró “en el legítimo ejercicio de su derecho”, por lo que no era necesaria nueva y sobreabundante aclaración, y menos si tuvo el afán de llevar confusión al seno popular.

           Es lógico pensar que cuando un magistrado sanciona a una persona, no le expresa que lo está castigando “porque ejerció derechos constitucionales” (en cuyo caso nada habría que punir sino felicitar) sino por acciones ilícitas concretas que interpreta se han cometido. Y tradicionalmente se han invocado en los respectivos fallos para reprimir la protesta social, las figuras de los arts. 90 (lesiones), 213 bis (prepotencia ideológica), o el 149 ter (coacción a las autoridades), o el 168 (extorsión), o el 194 (afectar el tránsito), o el 211 (intimidación pública), o el 212 (incitación a la violencia colectiva), o el 181 (usurpación de propiedad), o el 183 (daños), o el 210 bis (asociación ilícita calificada), o el 230 (sedición), o el 237 (atentado a la policía), o el 239 (resistencia a algún funcionario), etc. Y ahora quizás por esos mismos hechos podría llegar a tener el imputado el doble de castigo, verdaderamente draconiano, sobre todo si se visualiza que las escalas sancionatorias que ya traen previstas todas estas figuras son enormísimas y desproporcionadas.

          Como se ve, no había “vacío legal” o hiato a rellenar, como ya ha expresado el destacado penalista Dr. Raúl  Zaffaroni. Incluso añadiremos la cita del art.190 y siguientes que prevén atentados a barcos, aviones (conductas que arriesgaren naufragios, descarrilamientos, desastres aéreos), afectaciones a telégrafos y teléfonos, etc. Es esta una simple aproximación que hacemos, para advertir que no existía “bache” alguno en el Código que precisara de nuevas normas.
          Por todo lo que hemos manifestado es que estimamos vehementemente debe derogarse la ley en análisis por afectatoria a la Democracia argentina alcanzada con esfuerzo popular.

TEXTO DEL PROYECTO
Art. 1: Derógase la ley Nº 26.734 y el consiguiente párrafo quinquies del art.41 del Código Penal.

Art.2: De forma.


Convocatoria 24 de marzo

Declaración del PC

El 24 de marzo el Partido Comunista y la Federación Juvenil Comunista se movilizan en todo el país

A lo largo de casi tres décadas la movilización popular del 24 de marzo se ha constituido en uno de los mayores símbolos populares de lucha por memoria, verdad y justicia, contra el terrorismo de Estado y por la defensa y ampliación de los espacios democráticos para el campo popular, logrando avanzar en la reconstrucción de la memoria histórica. Miles de víctimas de aquella afrenta contra la humanidad pudieron sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de poner en práctica la represión contra mujeres, niños, jóvenes, trabajadores y trabajadoras que luchaban por una patria con soberanía y justicia social.

En esta oportunidad el pueblo argentino puede celebrar que, apoyado en la movilización de masas y el esfuerzo de importantes movimientos de derechos humanos, y aprovechando la anulación de las leyes de impunidad por el gobierno de Néstor Kirchner, ha logrado llevar a juicio y condenar a decenas de criminales del terrorismo de Estado, entre ellos a los principales referentes de la dictadura militar, como Videla, Bignone, Riveros y otros.

Al mismo tiempo este 24 de marzo nos sorprende dando pasos en la denuncia y el esclarecimiento de la responsabilidad del poder económico concentrado de carácter imperialista que fuera promotor e inspirador de la dictadura y el terrorismo de Estado, con su secuela de crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo argentino y en su nefasta coordinación con las dictaduras de la región a través de siniestros operativos como el llamado Cóndor, que atentaron también contra los pueblos hermanos del Cono Sur.

Esta movilización implica por lo tanto el compromiso de perseverar en esta lucha reclamando la aceleración de los juicios y al mismo tiempo la urgente derogación de la recientemente sancionada Ley Antiterrorista. Haber sancionado esta ley bajo indisimuladas presiones del GAFI es una concesión negativa y peligrosa al poder real en nuestro país y a su principal componente, el imperialismo norteamericano.

El poder económico que perpetró el genocidio y que continua expoliando nuestra economía, que destruye el medio ambiente y saquea nuestros recursos naturales, como agua, oro, tierra o petróleo, busca preservar sus intereses.

Es el mismo poder económico que está detrás de la sanción de la mencionada ley y que junto a la complicidad de la corporación judicial sigue entorpeciendo el avance de los juicios al terrorismo de Estado. Ellos son parte constitutiva de esa política. Los empresarios de Ford. Mercedes Benz, Acindar, Ledesma, entre otros, son más que la pata civil de la dictadura.

El Partido Comunista, que viene impulsando la lucha por la verdad y la justicia y que en el último período ha logrado actuar como querellante en los juicios contra los genocidas, batallando por poner fin a la impunidad y en particular ha presentado un proyecto de ley solicitando la derogación de la 26764, pues está convencido de su carácter atentatorio en contra de los sectores populares y su capacidad de movilización y organización.

Leyes como ésta no contribuyen a mantener, y mucho menos a profundizar, una línea planteada por Néstor Kirchner en 2003. Mantener esa dirección y avanzar en ella, como lo necesita nuestro pueblo, significa:

* Juicio y castigo para todos los responsables, cómplices y beneficiarios políticos y económicos de la dictadura * Derogación de la ley antiterrorista del imperialismo * Distribución de la riqueza y fin de la impunidad * Fuera ingleses de Malvinas, fuera yanquis de América Latina